Biobío en Peligro y el Estado con Resaca 🔥⚠️🆘

El fuego no llegó como una noticia de último minuto. Llegó como llegan las tragedias anunciadas: sin sorpresa para quienes viven ahí, con desconcierto fingido para quienes gobiernan desde lejos.

La madrugada del 16 de enero de 2026, mientras el sur de Chile dormía mal por el calor, las llamas comenzaron a moverse con una precisión que todavía nadie explica del todo. En Quillón, Santa Juana, Nacimiento y sectores rurales del Biobío, el fuego avanzó como si conociera el terreno, como si supiera dónde estaban las casas, los galpones, los caminos sin salida. No era un incendio aislado: eran muchos, simultáneos, dispersos, rápidos. Demasiado rápidos para un Estado acostumbrado a reaccionar cuando ya es tarde.

A esa hora, el gobierno todavía no entendía, o no podía entender por la resaca,  que el verano volvía a cobrar su cuota de muertos.

El Silencio.

El viernes amaneció con humo espeso y con los primeros mensajes de evacuación circulando más rápido por WhatsApp que por los canales oficiales. CONAF hablaba de más de 20 focos activos, pero en los pueblos la cifra ya estaba más que clara: lo que importaba ahora era que el fuego ya estaba entrando a zonas habitadas.

En Santa Juana, vecinos despertaron golpeando puertas, tocando bocinas, gritando nombres. No había tiempo para protocolos. En Quillón, algunas familias salieron con lo puesto; otras desesperados se internaban en le humo para rescatar a los abuelos, a sus animales y sus pertenecías mas queridas. Muchas no volvieron a salir jamás. El fuego cruzó caminos, saltó cortafuegos, se movió empujado por temperaturas que superaban los 38 grados y por una sequía que no es nueva, pero que el Estado sigue tratando como si fuera una anomalía pasajera.

Para el 17 de enero, las hectáreas quemadas ya se contaban por miles y los incendios activos superaban los 40. El paisaje comenzó a parecerse a otros veranos, a otros años, a otras promesas incumplidas. Pero esta vez el daño fue más rápido, más profundo. El domingo 18, el sur ya acumulaba más de 25 mil hectáreas arrasadas, decenas de localidades evacuadas y un silencio extraño, de esos que aparecen cuando la tragedia todavía no alcanza a convertirse en duelo.

Ese silencio se rompió cuando empezaron a aparecer los muertos.

El Servicio Médico Legal confirmó primero 18 fallecidos, luego 21. Algunos cuerpos estaban tan dañados que solo pudieron ser identificados por ADN. Adultos mayores que no alcanzaron a salir, personas que confiaron en que el fuego no llegaría hasta ahí, familias atrapadas por caminos colapsados. En paralelo, más de 20 mil personas pasaron a engrosar la categoría administrativa de “damnificados”, una palabra que suena neutra hasta que se traduce en lo concreto: 817 viviendas completamente destruidas, barrios enteros borrados del mapa en Penco, Tomé, Florida, Quirihue y sectores interiores del Biobío.

El Estado comenzó entonces a desplegar su lenguaje habitual. Estado de catástrofe, mesas de coordinación, balances diarios. El Presidente Gabriel Boric apareció con casco, habló de cambio climático, prometió bonos, reconstrucción, futuro. Mientras tanto, en terreno, bomberos voluntarios combatían incendios sin descanso, con equipos insuficientes, mientras SENAPRED emitía alertas que muchas veces llegaban cuando el fuego ya estaba encima.

Lo que no apareció con la misma fuerza en los discursos oficiales fueron los detalles incómodos: los miles de animales domésticos y de ganado que murieron amarrados o encerrados; los refugios colapsados, los veterinarios improvisando atención con linternas; los 14 colegios y escuelas rurales inutilizables o destruidos, dejando a cientos de niños sin clases y sin casa al mismo tiempo. Tampoco hubo demasiadas explicaciones sobre por qué, otra vez, el país parecía sorprendido frente a una catástrofe que se repite todos los años.

La Fiscalía comenzó a hablar de intencionalidad, de más de 100 detenidos, de investigaciones en curso. Algunos focos partieron cerca de caminos, otros junto a tendidos eléctricos, otros en zonas sin acceso rápido. Nada concluyente aún, pero suficiente para volver a la misma pregunta incómoda: ¿Cómo es posible que un país que arde todos los veranos siga actuando como si fuera la primera vez?

Mientras el aparato estatal se organizaba lentamente, la ayuda real empezó a llegar por otros caminos. Vecinos, voluntarios, personas comunes, redes informales. Gente que no necesitó decretos para moverse ni vocerías para actuar. En muchos lugares, la sociedad civil llegó antes que el Estado. Y cuando llegó el Estado, llegó solamente a entorpecer y a molestar.

El Estado con Resaca.

Chile no se quemó solo por el calor ni por el viento. se quemó por activistas socialistas que gobiernan Chile . Se quemó por una forma de liderar que utiliza todos los medios para impedir que las personas se organicen sin depender de la administración publica.

El gobierno de Gabriel Boric, como los anteriores,  volvió a demostrar que el Estado chileno es eficaz para redactar comunicados, pero torpe para prevenir, lento para reaccionar y cómodo en su rol de espectador tardío. Cada verano se promete aprender la lección; cada invierno se olvida.

El fuego dejó algo claro: cuando todo se quema, el relato estatal no abriga, no protege y no reconstruye. Lo que sostiene a las comunidades no son los ministerios ni las cadenas nacionales, sino las personas organizándose voluntariamente, sin burocracia, sin narrativa oficial.

Tal vez la verdadera amenaza para este país no sea el fuego, sino la idea persistente de que el Estado, tal como está, es la única respuesta posible. Porque mientras esa creencia siga intacta, el sur seguirá ardiendo y el poder seguirá llegando tarde, con formularios en la mano y cenizas con sangre en los zapatos.